En 44 días: 58.386 horas extraordinarias de personal laboral
(sin contar las de personal funcionario)

Transcurridos más de tres meses desde la celebración de las Elecciones Generales nos hemos visto obligados a denunciar al INE para que nos proporcione información de las horas extras de las elecciones del 26J. De hecho, la Secretaría General ha esperado hasta el mismo 7 de octubre, momento en el que expiraba el plazo dado por la Inspección Central de Trabajo, para entregar la información a la que está obligada. Pero no sólo eso. Cuando finalmente ha cumplido con el mandato, lo ha hecho aportando una información sesgada, y con ciertos datos sospechosos de faltar a la verdad. Nos consta que no todas las horas extras abonadas se han realizado ni todas las certificaciones firmadas por los responsables se corresponden con las efectivamente realizadas. No es un mal generalizado, pero está ahí. No vamos a perder el tiempo esperando más colaboración del INE, ni de los implicados, bastaría mirar el fichaje de control horario, si es que se ha cumplido.

La cifra es descomunal: 58.386 HORAS EXTRAS efectuadas en poco más de 40 días, y casi un millón de euros destinados a sufragarlas, casi el mismo presupuesto con el que contaba Acción Social en el 2011… Todo esto en un contexto social demoledor en el que la tasa de paro no desciende del 20 % en España (EPA 2º trimestre 2016) desde el inicio de la crisis. Datos que reflejan una imagen incompleta de la realidad. Y la realidad nos dice que son muchas más las horas extras efectuadas y que no podemos contabilizar: las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal funcionario, más las que se deriven de las elecciones en País Vasco y Galicia, es decir que la cifra podría superar las 80.000 horas extras. Cifras sometidas al obscurantismo y a la falta de transparencia puesto que nos niegan la información sobre el personal funcionario de manera sistemática e injustificada.

Nuestra posición sindical es clara y la reiteramos: Son horas extras cualquiera que se presten sobrepasando la jornada ordinaria de trabajo (art. 35 del Estatuto de los Trabajadores), se retribuyan dinerariamente o con compensación horaria.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, desde CCOO abogamos de forma prioritaria por la contratación de desempleados en vez de fomentar las "horas extras", aun sabiendo que esta última fórmula constituye para los empleados del INE un instrumento para complementar sus ridículos salarios. Además, tod@s perseguimos la jornada laboral de 35 horas, buscamos como favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y social, luchamos por plenos derechos de igualdad de mujeres y hombres, y tratamos de fomentar la protección de la salud y seguridad en el trabajo. Por eso mismo, no podemos defender el alargamiento de la jornada laboral, ni amparar la misma. Sin olvidar que el uso y cambios del tiempo de trabajo favorecen principalmente los intereses del INE.

Sin embargo, también somos conscientes de la naturaleza de los trabajos de elecciones, no sujetos a horarios, con flexibilidad horaria total, trabajo en sábados y domingos y en horario nocturno, con tareas distintas a las habituales, sean de categoría superior o inferior, con un aumento de las cargas de trabajo, que exigen una intensidad y esfuerzo notable por los plazos e imprevistos, etc. Desde siempre y por definición estas situaciones se retribuyen con productividad, tanto al personal laboral como al personal funcionario, y si el trabajo es igual la retribución es o debe ser igual.

Todo el mundo sabe que en el INE ocurren fenómenos laborales insólitos. En realidad, la situación que se ha reproducido en 2016 la conoce el INE desde al menos las Elecciones Generales y Parlamento de Andalucía de 2008, según acredita parte de un informe de la Intervención Delegada en el INE de ese mismo año.

Ya mucho antes de esa fecha, desde CCOO hemos venido demandado una negociación seria y real para abordar ese asunto. Hubo un mínimo atisbo en 2009, con el anterior Presidente del INE, y ya entonces se hablaba por parte de la Secretaria General actual y del Jefe de la Oficina del Censo Electoral, solamente, de "cantidad y calidad en el trabajo" para el personal laboral, y "gratificaciones extraordinarias" para el personal funcionario. Todo se truncó por diversos motivos, pero básicamente por la falta de transparencia, y por la negativa a negociar un acuerdo de todo el colectivo, funcionarios y laborales. En todas y cada una de las elecciones celebradas desde entonces, desde CCOO planteábamos una y otra vez que la situación y la justificación de los pagos por productividad no existían, y exigían algún tipo de soporte legal (un acuerdo).

En aquellas elecciones de 2008 el Interventor señalaba ya en su informe de fiscalización que la Presidencia del INE no justificaba los criterios de reparto ni para el personal laboral ni para el funcionario. En ese mismo informe se indicaba también que la Resolución del Presidente no precisaba si los trabajos eran fuera o dentro de la jornada normal, dirigiendo sus miradas al art. 44 del Convenio Único al citar el límite de 60 horas extras anuales, y al señalar el apartado 4 referido a la reducción de horas extraordinarias dentro de la política global de creación de empleo.

En conclusión, en 2008 (o incluso antes) la Secretaría General ya tenía más que certezas de la debilidad de la situación desde el punto de vista legal. Por tanto, la Secretaria General sabía perfectamente los reparos que la Intervención evacuaba en sus informes, y esto después de más de 10 consultas electorales que se sucedieron hasta el 26 de Junio de 2016, de las que habría sucesivos informes fiscalizadores, probablemente con las mismas o similares apreciaciones legales, con lo que la situación estaba abocada a estallar en cualquier momento. No hacía falta alegar una denuncia en una provincia por la simpleza de no facilitar un listado de horas extras o las copias de los contratos temporales.

Paradójicamente no sería sino hasta mediados de mayo de 2016, más de una semana después de iniciado el proceso electoral, cuando el Presidente, sin previo aviso, sin negociación y sin consenso, firma una Resolución liquidando de un plumazo la forma de retribución utilizada hasta la fecha, aunque manteniendo un agravio comparativo con el personal funcionario al que se retribuye de forma sustancialmente diferente. Esta decisión no ha hecho más que añadir un nuevo desmán a una ya larga lista de irregularidades a las que parecen haberse aficionado con fervor los gestores del INE en los últimos tiempos. Lista que ha ido "nutriéndose" penosamente con asuntos como la investigación en la que se halla inmersa la Secretaría General en un proceso penal o la demanda que tiene por tutela de derechos fundamentales en vía laboral… sin contar los diversos frentes abiertos en la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional que le ha dedicado calificativos que nos avergüenzan como trabajadores del organismo porque aluden a la gestión ineficaz desarrollada en el INE y a la falta de respeto a la Ley que subyace de dicha gestión. Y más y más problemáticas, como los dos recursos ante el Tribunal Supremo que quedan por resolver, así como infinidad de pleitos a lo largo de los últimos años.

Mientras, el Presidente del INE, parapetado y blindado ante todo lo que se iba sucediendo en las elecciones, permanecía impasible a pesar del espectacular incremento del voto por correo en Madrid, Barcelona, Galicia, etc. Al mismo tiempo su actitud mantenía a los Delegados Provinciales alarmados por la situación y a los pies de los caballos, teniendo que dar explicaciones inverosímiles, con medidas esperpénticas e improvisadas (petición de funcionarios de otras Administraciones para acometer los trabajos electorales), con incremento de horas extras por encima de lo legal y con un clima laboral nefasto en las Delegaciones. La Secretaria General ha suscrito idéntica política que la Presidencia, evitando injustificadamente comparecer ante la parte social, ni siquiera en reuniones del Ministerio que ya solicitábamos al Subsecretario. Nosotros hicimos una propuesta que acabó en la flamante papelera del Presidente, más ocupado en ocultar la productividad que perciben los Altos Cargos, de colgarse medallas y de recibir agasajos de la Junta Electoral Central por haber conseguido sortear la situación sin despeinarse, cueste lo que cueste, eso sí, gracias a la dedicación, el empeño y trabajo de sus empleados y del personal contratado.

Este es el espectáculo que hemos vivido en estos últimos tres meses, y con el que pretenden seguir "obsequiándonos". En un escenario alarmante de huida y abandono del Organismo, tanto funcionarios como laborales, también acrecentado por las jubilaciones, muchas anticipadas, con un páramo en la provisión de puestos. Y con un futuro incierto en cuanto a lo que nos depara el próximo año por la situación crítica de las Delegaciones, externalización/privatización del trabajo propio del INE, así como de los proyectos a futuro, formación y comunicación… por no saber a estas alturas aún no son capaces de determinar dónde colocar a los nuevos C1 Especialidad Estadística, lo que cobrarán ni las tareas que realizarán de manera clara.

No existe liderazgo en la Dirección del Organismo, presidido por Gregorio Izquierdo LLanes, ni comunicación en toda la Organización, y aun estaremos tiempo restañando las heridas que tardarán mucho en cicatrizar.