“La decisión del Gobierno de encarcelar inmigrantes en prisión es ilegal”

  • La legislación establece claramente que la retención de inmigrantes no tiene carácter penitenciario

El Gobierno ha decidido encarcelar inmigrantes en el Centro Penitenciario de Málaga II (Archidona), después de que los jueces hayan autorizado el traslado de las 500 personas que llegaron en pateras a Cartagena el pasado fin de semana.

21/11/2017.
Centro penitenciario Málaga II (Archidona)

Centro penitenciario Málaga II (Archidona)

Para la Sección Sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias, esta decisión supone un grave retroceso en materia de derechos humanos. “Además el Gobierno lo anuncia de forma edulcorada, presentando la prisión como un recinto equipado con las últimas tecnologías. Esto va en línea con las últimas manifestaciones gubernamentales, que pretenden mostrar a las prisiones casi como centros de recreo y no como lo que son: centros de custodia y reinserción bajo mandato judicial del cumplimiento de pena y prisión provisional”.

El sindicato recuerda que en Archidona no hay ningún Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE), sino una prisión que aún no está inaugurada, que no cuenta con personal adecuado y en cuyas instalaciones no van a estar garantizados los servicios básicos de estas 500 personas.

Según CCOO, esta decisión del ministro de Interior, además de representar una vulneración de los más elementales derechos humanos, es una flagrante vulneración de la legislación vigente. En particular los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establecen sus derechos básicos, así como que la retención de emigrantes no tiene carácter penitenciario. Y, asimismo, el Real Decreto 162/2014, que desarrolla la LO 4/2000, entre otras medidas establece que “Las competencias de dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros corresponde al Ministerio del Interior, y serán ejercidas a través de la Dirección General de la Policía, que también será responsable de su seguridad y vigilancia, sin perjuicio de las facultades judiciales concernientes a la autorización de ingreso y al control de la permanencia de los extranjeros”. Y no a Instituciones Penitenciarias, como corresponde a un centro penitenciario, reconocido administrativamente como tal, y que actualmente cuenta con unos 250 funcionarios asignados al mismo, los cuales no tienen ninguna competencia legal sobre las funciones que corresponden a la custodia de inmigrantes.

Este ataque a los derechos fundamentales, además de las consecuencias directas para los inmigrantes que ingresan en prisión sin haber cometido delito alguno, ponen al Ministerio del Interior y al personal que está en Málaga II en una situación difícil, por no ajustarse a derecho su presencia en un CIE dentro de una prisión .

CCOO entiende que esta grave regresión en derechos fundamentales se sostiene por el pacto entre el PP y Ciudadanos, para avanzar en la privatización de servicios públicos esenciales como es el de las prisiones. Ciudadanos, ya en octubre de 2016, defendió la creación de módulos CIE dentro de las prisiones, una propuesta ilegal que solo puede tener como fin el aumento de los negocios privados con las prisiones.

CCOO exige la urgente inauguración del Centro Penitenciario Málaga II con el personal penitenciario adscrito a la misma, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece un interno por celda, y a la propia Constitución, que establece el cumplimento de las penas orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

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