Gobierno: de la parálisis institucional y la propaganda, a la realidad

    La reunión que el lunes 5 de febrero se produjo entre los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con el ministro Montoro, reabre el proceso de negociación interrumpido por la voluntad unilateral del Gobierno hace cuatro meses.

    06/02/2018. Pepe Fernández, secretario general de FSC-CCOO y coordinador del Área Pública de CCOO
    Pepe Fernández, secretario general de FSC-CCOO

    Pepe Fernández, secretario general de FSC-CCOO

    El argumento fue que carecía de apoyos suficientes para presentar en el Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, lo que ha dejado a casi 3.000.000 de empleadas y empleados públicos sin incrementos salariales, con sus negociaciones colectivas bloqueadas por la incapacidad de un Gobierno paralizado institucionalmente, con escasa voluntad política para acometer sus responsabilidades.

    En la reunión establecimos la necesidad de retomar el proceso de negociación, concretando un calendario de reuniones, que se abre el lunes 12 de febrero, retomando la negociación en el lugar en que quedó en septiembre y tomando como suelo las propuestas que el Gobierno había ido acomodando a nuestras demandas.

    Se le ha expresado de manera contundente a Montoro que, reconociendo que están en una situación delicada por su falta de alianzas políticas y además por la situación en la que las encuestas les vienen colocando ante la opinión pública, rechazamos que seamos las empleadas y empleados públicos rehenes del Gobierno y sus conflictos políticos, lo que es inaudito en una sociedad avanzada en Europa.

    El Gobierno tiene que cumplir con los mandatos constitucionales y con la mínima seriedad democrática, creando las condiciones para que se pueda dotar a España de PGE 2018, saliendo de la inestabilidad que daña a las diferentes Administraciones Públicas y pone en cuestión los servicios públicos que deben prestarse a la ciudadanía.

    CCOO tiene voluntad de alcanzar los compromisos oportunos, en coherencia con las demandas y reivindicaciones de la inmensa totalidad de las empleadas y empleados públicos, que consideran que es imprescindible el reconocimiento gubernamental de su aportación y entrega al funcionamiento del país, lo que pasa por el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene con nosotras y nosotros, el restablecimiento de los derechos laborales, sociales y salariales que han sido arrebatados con la excusa de la crisis económica y la vuelta a una normalidad, que ha sido alterada por factores no imputables a las personas que trabajamos en las Administraciones y empresas públicas.

    CCOO insiste en que la recuperación económica tiene que verse reflejada en las nóminas de las empleadas y empleados públicos, tiene que tener consecuencias en cuanto a la devolución de los derechos arrebatados, tiene que expresarse con un fuerte y verificable compromiso del Gobierno con las 3.000.000 de personas que se encuentran en el ámbito directo de regulación salarial y de condiciones de trabajo que los PGE 2018 puedan establecer.

    Las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del sector de Justicia, a los que se priva de negociación efectiva, de las personas de la Administración General del Estado a las que se ha maltratado económica y laboralmente por todos los Gobiernos, de otros colectivos que se encuentran afectados por el obstruccionismo deliberado del actual Gobierno como son las impugnaciones a los acuerdos de negociación en diferentes comunidades autónomas o en ayuntamientos como el de Madrid, suspendiendo la ejecución de lo firmado, configuran un estado inaceptable de relaciones entre el Gobierno y 3.000.000 de empleadas y empleados públicos de todas las Administraciones y empresas públicas, que tiene que ser enmendado y cambiar.

    CCOO estima que ahora el Gobierno tiene una oportunidad para hacer realidad las declaraciones que ha venido realizando, abandonando la política de propaganda y entrando en los hechos constatables, en la vida real, que es lo que debería moverle, y no en intereses electorales o partidarios que no deberían ser el objetivo de sus actuaciones institucionales.

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