Estabilización de empleo en la Administración del Estado

    13/02/2018.
    Sede del Ministerio de Hacienda en Alcalá, 5

    Sede del Ministerio de Hacienda en Alcalá, 5

    Ayer, 12 de febrero, ha tenido lugar una nueva reunión en Función Pública vinculada al proceso de estabilización del empleo en el seno de la Administración General del Estado y dando respuesta al Acuerdo del 29 de marzo del pasado año y al contenido del artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales de 2017. Una reunión en la que ha participado la propia Dirección General de Función Pública y donde nuevamente se pone de manifiesto la trascendencia que la norma legal va a tener a la hora de buscar la mejor solución posible a la temporalidad en seno de la AGE.

    Con la información que hoy se nos hace conocer, numéricamente se ha dado un paso nada despreciable y se incorporan más de mil puestos adicionales (1.170 en concreto) a los que se contemplaban en la reunión de diciembre del pasado año. Como resumen tenemos:

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    ¿Dónde se materializa este aumento? Fundamentalmente en el Servicio Público de Empleo Estatal, en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en el Ministerio de Fomento en donde se contempla un total de 276 puestos que corresponden a Puertos del Estado.

    Hemos insistido desde CC.OO en la necesidad de revisar los criterios en lo que afecta a Instituciones Penitenciarias, en todo los relacionado con la Inmigración y Emigración (CETIR, CAR, CIES, Oficinas de Extranjería, Subdirección General de Protección Internacional), con las prestaciones y control en el marco laboral (Fogasa, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo) así como Oficinas del DNI, Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y Ministerio de Educación.

    Volveremos sobre esta cuestión en reuniones posteriores aunque la postura de la Administración es francamente cerrada con el argumento de ser excepcionalmente escrupulosos con la norma legal en la que se soportan estos procesos.

    Uno de los problemas primordiales sigue sin una solución lógica. Se trata del volumen de empleo que cabe identificar bajo la denominación de Personal Laboral Indefinido No fijo por sentencia. Si bien se determina un total de 1.072 puestos, el número debiera ser sensiblemente superior. Tenemos un número importante de contratos de Obra y similares que debieran tener dicha consideración. Si ello no es así, la situación que se produce es inmanejable. La Administración es consciente de ello pero no es capaz de encontrar una solución válida en el momento actual. A lo sumo acepta la posibilidad, planteada por CCOO in extremis, de hacer la foto actual, recogerla en el Real Decreto que debe publicarse y demorar la convocatoria a un momento posterior, el EBEP permite un margen de 3 años, en donde hubiese sido posible buscar soluciones a este problema.

    Desde CCOO consideramos que el acuerdo actual podría permitir, si hay voluntad, incorporar la totalidad del empleo que bien identificado como de personal laboral indefinido no fijo por sentencia así como el empleo estructural, con contrato laboral temporal de una duración superior a los tres años, en activo al 31 de diciembre de 2016 y con dotación presupuestaria. La Administración duda sobre ello e indudablemente es una cuestión en donde debemos colocar el foco de forma inmediata.

    También debemos concretar cuál es el vínculo más acertado en el colectivo anterior. Por parte de la Administración se plantea, en un esquema equivocado, que todo el personal laboral indefinido no fijo debe ir a una consolidación a personal laboral cuando lo cierto es que existen cuerpos y escalas de personal funcionario en donde parece más acertado concretar la estabilización. Hemos quedado en revisar esta decisión.

    Si bien la Administración ha sido especialmente estricta en la interpretación que afecta a este último grupo, se la ve más imaginativa cuando se trata de valorar la situación que afecta a los puestos que derivan de la aplicación de la disposición transitoria 4ª del EBEP (puestos ocupados interinamente con anterioridad al 1 de enero de 2005). No se sabe si los quiere convocar o no. Jugueteando con la edad del personal afectado al final no se realiza ninguna propuesta concreta y lo cierto es que con ello se entra en un escenario de incertidumbre peligroso que debe despejarse.

    En el censo de plazas que deben contemplarse, aparecen puestos en el ámbito de Educación (Ceuta y Melilla), Sanidad (INGESA) y Puertos que en buena lógica deben ser negociados en sus mesas correspondientes, trasladando los acuerdos posteriormente a la Mesa AGE para cerrar lo matizar lo que fuese oportuno.

    La Dirección General de Función Pública va ahora con prisas. El desarrollo del acuerdo en el ámbito de Educación le marca los tiempos y quiere estar en condiciones de poder publicar el Real Decreto, en donde se recoja el volumen de empleo afectado por la estabilización en la AGE, en el plazo de un mes. Preocupante, hay mucha materia pendiente de negociar y teniendo en cuenta las dificultades para encontrar las soluciones más adecuadas en ese plazo, sería imprescindible que el Real Decreto a publicar fuese acompañado de un acuerdo en Mesa General de la AGE en donde se recogiesen los compromisos de desarrollo de dicha norma legal y las garantías que evitaran algunos desastres que amenazan el proceso.

    Entre las cuestiones que debieran contemplarse en dicho acuerdo están: el tipo de convocatoria o sistema selectivo (todo apunta a que el concurso-oposición será la opción elegida), distribución de la puntuación, la necesidad de tener en cuenta, con carácter previo, la convocatoria de un concurso de traslados y algunas otras cuestiones que tienen una especial relevancia en el proceso.

    A la vista del trabajo de negociación pendiente desde CCOO hemos planteado nuestra disposición de destinar el esfuerzo que fuese necesario para cerrar cada una de las cuestiones, bajo ese prisma ha quedado convocada una nueva reunión del grupo de trabajo para el día 15 de febrero.

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