FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 28 marzo 2024.

El Gobierno menosprecia al personal investigador de la Administración General del Estado

    El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contra la inactividad reglamentaria del Gobierno por incumplir su obligación de desarrollo normativo y condena al Ejecutivo al cumplimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamentario incumplida en un plazo máximo de 6 meses.

    08/05/2018.
    Tribunal Supremo

    Tribunal Supremo

    CCOO considera que el Gobierno menosprecia al personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Después de dos borradores de Real Decreto (2014 y 2017) e innumerables idas y venidas, sigue sin resolver la regulación de las retribuciones del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado, establecido por la Ley de Ciencia 14/2011 como el mecanismo para la "homogenización de las retribuciones de todo el personal investigador-funcionario”.

    Ha tenido que ser la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la que mandate al Gobierno para que, en un plazo de seis meses, apruebe la normativa que establecía la Ley de la Ciencia (2011), para aplicar en 2014 el sistema de retribuciones complementarias de los funcionarios adscritos a las escalas de investigación.

    No es de recibo defender que la regulación del desarrollo normativo no se ha llevado a cabo por las medidas de estabilidad presupuestaria que impedían aplicar las retribuciones de los quinquenios y sexenios, así como de otros componentes retributivos que se establecían en los 2 borradores que hasta ahora se presentaron a las organizaciones sindicales representativas.

    CCOO, de forma conjunta con otras organizaciones sindicales, presentó distintas alegaciones y enmiendas a los dos borradores y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) siempre ha alegado que no se podían atender, ya que el Departamento de Montoro se negaba a aprobar al coste económico que implicaban las propuestas sindicales; aún así la SEIDI tenía vía libre para gestionar su aprobación y aplicación, aún sin acuerdo sindical. Pero la extrema debilidad de la SEIDI junto a la soberbia y cerrazón de Hacienda han permitido llegar a esta situación donde es la judicatura la que insta a aprobar, con más de 4 años de retraso, la homologación salarial. El recurso a los tribunales no debería sustituir a la negociación colectiva, despreciada y vulnerada en todo este proceso.

    Desde CCOO volvemos a exigir al Gobierno la aplicación del desarrollo normativo en materia de retribuciones complementarias del personal investigador de los OPIs en la Administración General del Estado con efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, tal y como establecía la ley 14/2011.

    El personal funcionario afectado no es culpable de la nefasta gestión política de la SEIDI y del conjunto del Gobierno y no pueden por tanto pagar las consecuencias.