CCOO gana la demanda judicial a Instituciones Penitenciarias por el reparto ilegal de más de un millón de euros entre Directivos.

    La Sección Quinta de la Audiencia Nacional confirma que el gestor anterior de la Administración Penitenciaria, D. Ángel Yuste, repartió de forma arbitraria e irregular fondos públicos hacia su personal directivo en los Servicios Periféricos, así como en los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias

    18/12/2018.
    Productividad en Instituciones Penitenciarias

    Productividad en Instituciones Penitenciarias

    Justo hace un año, CCOO denunciaba el reparto irregular y discriminatorio del remanente de productividad de 2017, generado por todo el personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que ascendía a la cantidad global de 1.100.000 €, el cual se distribuyó entre directores y gerentes, subdirectores y administradores de los 84 centros penitenciarios, quienes fueron favorecidos con un plus de productividad adicional de 1800 euros, para los primeros, y 2.184 euros, en el caso de los segundos.

    El pasado 21 de noviembre del año en curso, la Sección Quinta de la Audiencia Nacional estimó el recurso de apelación interpuesto por CCOO y declaró nulas de pleno derecho las Resoluciones de 23 de noviembre dictadas por el anterior Secretario General de Instituciones Penitenciarias, D. Ángel Yuste, por las que acordó el reparto lineal de toda la productividad entre los puestos directivos.

    Esta Sentencia en apelación confirma que el reparto de productividad se ha llevado a cabo sin respetar el procedimiento legalmente establecido, que exige una negociación previa con las organizaciones sindicales. La Administración Penitenciaria podrá recurrir esta Sentencia, ya que es susceptible de recurso de casación al Tribunal Supremo, en el plazo de 30 días a partir de su notificación.

    Desde CCOO seguimos denunciando la falta de negociación que sigue manteniendo el Ministerio del Interior y los responsables de la Administración Penitenciaria del PSOE, que siguen manteniendo la política penitenciaria continuista del partido popular, dejando abandonado a su suerte un servicio público esencial, faltando el respeto al personal penitenciario, sin dignificar sus condiciones laborales y retributivas, cuando son la columna vertebral del sistema de ejecución de condenas.

    Un ejemplo más de ésta falta de respeto al personal penitenciario y a sus representantes legítimos, evidenciado después de tener conocimiento de ésta Sentencia, ha sido cuando el actual Secretario General de IIPP, Ángel Luis Ortiz, ha vuelto a repartir más de 3 millones de euros en concepto de productividad, sin negociar previamente con las organizaciones sindicales, manejando fondos públicos como si fueran propios, regalando sobresueldos por ésta vía clientelar y opaca. El origen de esta inesperada disponibilidad de crédito ha sido por los descuentos en nómina realizados como consecuencia de la huelga general en prisiones.

    No se puede esperar cambio alguno haciendo la misma política que el Gobierno del PP. La negociación está muerta en prisiones, y los mismos gestores que bloquearon la negociación, y que no respetaron la legalidad vigente con el anterior Gobierno, continúan teniendo altas responsabilidades con el actual.

    El Ministerio del Interior no puede continuar marginando al personal de Instituciones Penitenciarias Como ejemplo cercano y recientemente tenemos la transferencia de más de 6.300.000 euros del presupuesto de la Secretaría General de IIPP a la Guardia Civil, para pagar gastos corrientes de una deuda contraída con el Gobierno anterior.

    Este dinero transferido es el ahorro que Instituciones Penitenciaras hace al mantener el personal en unas condiciones laborales tercermundistas, es el ahorro en guantes de cacheo, que no cumplen los estándares de seguridad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que no impiden que el personal penitenciario se siga pinchando y cortando por hacer su trabajo en un entorno de elevados riesgos biológicos, ahorran con la salud, poniéndola en severo riesgo.

    Nos preocupa que una Administración, que debería ser ejemplarizante con la legalidad vigente y servir los intereses generales, no lo sea y continúe promoviendo conductas poco éticas e impropias de gestores políticos con amplios conocimientos jurídicos

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