Una nueva agresión al personal penitenciario,el concurso de traslados niveles 15-22

    La Administración Penitenciaria ha modificado, unilateralmente, lo que nunca hizo Yuste, las bases del CONCURSO DE TRASLADOS del personal penitenciario, para poder controlar y teledirigir la asignación de puestos, la carrera profesional y quienes ocupan las plazas de mandos intermedios.

    09/01/2019.
    Nueva agresión al personal penitenciario

    Nueva agresión al personal penitenciario

    CCOO ha leído con estupor las bases del concurso de traslados, niveles 15-22, publicado en el día de hoy en el BOE. No solo es una provocación retener el concurso durante años y sacarlo cuando se tiene un fuerte conflicto laboral, sino que dentro de una política de relaciones laborales preconstitucionales, que parecen imperar en el nuevo orden del Ministerio del Interior, SE HAN IMPUESTO unas bases que van orientadas directamente contra los derechos democráticos de igualdad y mérito en Función Pública.

    CCOO exigió la negociación del baremo a la SGIP para cumplir con las sentencias judiciales que obligaban su modificación, y con una propuesta que garantizase un baremo estable para concursos de traslados y carrera profesional en condiciones de igualdad, mérito y capacidad para todo el personal penitenciario. La respuesta, además de autoritaria, ha sido contundente pues para sacar un baremo que ya habíamos rechazado, por ser un despropósito y provocar graves disfunciones, generara graves agravios al personal en su carrera profesional y en los traslados.

    El baremo de éste concurso tiene muchas disfunciones, pero las estructurales tendrán graves consecuencias, como:

    Relaciones laborales clientelares: La puntuación y el tiempo que se asigna a las comisiones de servicio, que vienen determinadas por el dedazo de los gestores, será determinante para la carrera profesional y los traslados, con la consecuencia evidente de que la Administración pondrá en los puestos de responsabilidad intermedia al personal más cercano y fiel, en detrimento del que tenga más derechos y/o éste mejor preparado.

    Bloquea la carrera profesional en áreas funcionales: Los criterios que se establecen para puntuar desde un mismo área funcional, en la práctica hacen inaccesibles los puestos de esa área cuando el personal desempeñe sus funciones en otra, y además provoca que el personal con menos antigüedad pueda moverse geográficamente con mayor facilidad que los penalizados por estar en otra área.

    Jerarquiza la carrera profesional. La implantación de tres bloques de puntuación cierra la carrera profesional vertical a quienes estén en los bloques inferiores, toda vez que la diferencia de 16 puntos en bloque equivale a casi 14 años de antigüedad.

    Elimina la carrera profesional. La combinación de estas medidas provoca, inevitablemente, que la carrera profesional quede limitada a las “relaciones” de los profesionales penitenciarios con los gestores y mandos de turno, politizando la Administración, haciéndola menos eficaz y llevando a la Administración Penitenciaria a los tiempo preconstitucionales, quedando los concursos como meros concursos de traslados para los puestos base.

    CCOO RECHAZA que se imponga al personal penitenciario otra nueva regresión de derechos con la imposición de un baremo injusto, antidemocrático y que convierte la Administración en un cortijo de intereses políticos y particulares.

    CCOO exige la NEGOCIACIÓN de un baremo para Instituciones Penitenciarias que concilie los mayores apoyos posibles y que sea lo más justo e igualitario para la gran mayoría del personal.

    CCOO RECHAZA la utilización de la Administración Penitenciaria para fines ajenos a los propios del servicio público penitenciario.

    Resulta difícilmente comprensible la deriva que en tan pocos meses ha tomado ésta Administración, que ha agudizado el conflicto laboral hasta extremos incomprensibles, que reincide en contra de las decisiones de los Tribunales en hacer clientelismo con el dinero de la ciudadanía a través de sus bufandas, que no hace nada para cumplir la Ley de Prevención y atajar las agresiones, que ha degradado las condiciones de los Centros Penitenciarios, etc. y ahora nos vuelve a agredir al personal penitenciario con éste baremo.

    Solo puede explicarse desde la posición de quienes apuestan por degradar un servicio público para hacerlo más fácilmente privatizable. Parece ser que la gran apuesta del Ministro Marlaska es la privatización de las prisiones y de la reinserción.

    CCOO adoptará cuantas medidas sean necesarias en defensa de los derechos del personal penitenciario y del servicio público de prisiones.

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