El Servicio de Alicante, de Gestión de penas y medidas alternativas a la prisión, al borde del colapso por falta de recursos

    Este Servicio de Gestión de penas es el segundo con mayor carga de trabajo de toda España, tan sólo superado, por poco, por el Servicio de Gestión de penas de Valencia. En el año 2018, cumplió 6.253 mandamientos judiciales. Actualmente tiene activos 6.500 expedientes de penas y medidas alternativas

    08/05/2019.
    Servicio de gestión de penas y medidas alternativas

    Servicio de gestión de penas y medidas alternativas

    Diferentes reformas en el Código Penal han impulsado medidas alternativas a la cárcel, cuya gestión es competencia de Instituciones Penitenciarias a través de los Servicios de Gestión de penas y medidas alternativas.

    La mayoría de las personas condenadas a penas alternativas a la cárcel lo son por delitos contra la seguridad vial, violencia de género, hurtos y lesiones, en este orden. Entre las penas y medidas alternativas a la prisión la más utilizada es los trabajos en beneficio de la comunidad, después las suspensiones y las sustituciones de condena de prisión; éstas dos últimas casi siempre acompañadas de la obligación de cumplir algún programa de tratamiento o taller formativo.

    Desde CCOO siempre hemos defendido que se potencien estas medidas alternativas para los delitos leves y con condenas cortas, como medida para adecuar nuestro índice de criminalidad a la elevada tasa de encarcelamiento que tiene España, para paliar los efectos nocivos de la prisión y para ahorrar costes. Sin embargo nuestros políticos siguen iniciando reformas penales sin evaluar el impacto económico y sin acompañar la dotación de personal y presupuestaria necesaria para hacer posible una gestión eficaz.

    El servicio de gestión de penas y medidas alternativas de Alicante recibe, al trimestre, más de 1.500 mandamientos judiciales. La elevada carga de trabajo ha supuesto detraer personal de la prisión de Fontcalent, generando una mayor precariedad laboral en el medio cerrado. En concreto la prisión de Fontcalent, que ya cuenta con un déficit de personal del 12%, ha perdido tres trabajadoras sociales y 2 funcionarios, que se encargan de la gestión, control y supervisión del cumplimiento de las medidas alternativas.

    Este servicio público implica una elevada especialización, y nuestro personal penitenciario se enfrenta a él sin la formación específica necesaria y sin los medios suficientes. Faltan plazas de cumplimiento de los TBC, y recursos técnicos para desarrollar los programas de tratamiento o para gestionar los incumplimientos que se dan en estas penas.

    La mayor libertad que tiene el penado en el medio abierto y la intervención específica con personas que tienen problemas de dependencia al alcohol u otras drogas, o relacionadas con la violencia de género, registra muchos incumplimientos de las obligaciones impuestas en las sentencias condenatorias, lo que eleva la carga de trabajo burocrática, al tener que reflejarlas como “incidencias” en los expedientes personales. Además ésta situación es percibida por los Ayuntamientos y otras entidades colaboradoras como un factor desincentivador para continuar colaborando con Instituciones Penitenciarias, lo que pone en peligro la supervivencia de las penas alternativas.

    El personal penitenciario que actualmente, está realizando las visitas a estos condenados, para comprobar que cumplen con los trabajos en beneficio de la comunidad o la condicional, lo hace en total desamparo legal, ya que no se han creado los puestos de trabajo necesarios para atender estos servicio, ni se han evaluado los riesgos laborales que tienen.

    Desde CCOO demandamos la necesidad de coordinación entre Justicia e Instituciones Penitenciarias, la regulación legal de los puestos de trabajo, la adecuación de personal y retribuciones del Servicio de Gestión de Penas de Alicante a la carga real de trabajo

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