CCOO denuncia la incapacidad del Ministerio del Interior para atajar las agresiones, como demuestra otra agresión en la carcel asturiana

    La agresión de una interna, a dos funcionarias, en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, demuestra para CCOO que las medidas frente a las agresiones al personal de prisiones, del Ministerio del Interior, no son eficaces. CCOO deseamos un total restablecimiento y apoyo a estas compañeras.

    24/05/2019.
    Basta de agresiones

    Basta de agresiones

    CCOO ya denunció, y no firmó, el Protocolo Especifico contra las Agresiones (PEAFA) por ser un mecanismo que no abordaba las causas de las agresiones y dejaba excluido al personal de las prisiones de la protección de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

    Las agresiones al personal tienen una escalada sostenida en las prisiones españolas, con casi 500 agredidos anuales, de la que no se queda al margen la cárcel de Asturias, con un promedio de 8 agresiones anuales.

    CCOO ha señalado, en un estudio específico sobre las agresiones, que la causa más numerosa de las mismas, un 60%, son el crecimiento de la población penal con patologías psiquiátricas, cuya necesidad de abordar este problema y que reciban la atención necesaria se vuelve una exigencia.

    Asimismo, desde CCOO señalamos que la situación de la Cárcel de Asturias, que presenta un déficit de personal de más de 80 plazas sin cubrir, una mala clasificación regimental, que en el caso de las mujeres presas se agudiza, unido a la falta de respuesta para abordar las causas de las agresiones, etc. incrementan los riesgos de las agresiones.

    La política de intervención tratamental está abandonada en la prisión asturiana en el módulo 10, donde sucedió la agresión, como en las UTEs, módulos de respeto o con módulos donde no queda garantizado el derecho a la reinserción que mandata el ordenamiento Constitucional.

    CCOO exige respuestas a la Administración Penitenciaria frente a la pandemia de las agresiones al personal. Las agresiones no van en la nómina y ponen en riesgo la seguridad de internos y personal y al propio modelo penitenciario Constitucional de reinserción.

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