FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 26 abril 2024.

Grupo Técnico de Acción Social del Ministerio de Hacienda

    El Plan de Acción Social cuenta con un 75% menos desde el 2011. Sin presupuesto, no hay Plan y la previsión es seguir igual.

    29/11/2019.
    Interior de la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid

    Interior de la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid

    “Las paradojas llevan a la verdad. Para ver lo que vale la realidad, hay que verla bailar sobre la cuerda floja. Cuando las verdades se vuelven acróbatas, podemos establecer un juicio sobre ellas.” (Oscar Wilde)

    La Subdirección General (SG) de RRHH del Ministerio de Hacienda convocó al Grupo Técnico de Acción Social el pasado 26 de diciembre para proceder a comunicar a la parte social el inicio del seguimiento aleatorio de solicitudes, un 5% del total, lo que supondrá examinar el cumplimiento de los requisitos aportados y exigidos por el Plan para la concesión de las ayudas en 404 de ellas. Asimismo procedió a informarnos de la ejecución final, y al 100%, de los 1.039.690 euros presupuestados para el Plan de Acción Social 2019, siguiendo los criterios, tramos y ayudas contenidas en el documento del mismo.

    1.039.690 euros. Presupuesto con el que cerramos el 2019 y con el que ha venido contando el Plan de Acción Social desde el 2011 tras los recortes iniciados un año antes con la excusa de la tan recurrida y recurrente crisis para todo lo que tenga que ver con los derechos de las empleadas y empleados públicos y de la ciudadanía en general. Es importante recordar que la citada crisis desencadenó la adopción de medidas de contención del gasto que en el caso de la Acción Social se concretó en dos normas: el del 25% establecido por el RD-Ley 8/2010 y el del 50% impuesto por la Ley 2/2012. En definitiva, un 75% menos desde el 2011. Sin presupuesto, no hay Plan.

    Presupuesto nuevamente prorrogado con el que previsiblemente contará el Plan 2020, cuya negociación se abre también en esta sesión. Y esto a pesar de las subidas salariales del 1,75% y del 2,5% de los años 2018 y 2019 respectivamente, que deberían repercutir automáticamente y en la misma proporción en la Acción Social, aunque la previsión es que no lo haga ni en su más mínima expresión. Ya nos lo adelantaron hace unos días en otro Organismo de nuestro ámbito. Desde Función Pública se sigue entonando el estribillo que venimos escuchando como un mantra desde hace 10 años, la cuestión del ajuste económico como paradigma que lo explica todo cuando de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores se trata. Contención de gasto que, paradójicamente, no afecta a otra partida que no ha sufrido la misma suerte a lo largo de la última década. Nos referimos al presupuesto destinado al complemento de Productividad, un complemento demasiadas veces opaco, carente de transparencia, de distribución muy cuestionable legal y moralmente, que tiende a recaer principalmente en cantidades desproporcionadas e injustificables en los Niveles más altos de la AGE. Una escandalosa paradoja que da muestra de la perniciosa voluntad de la AGE frente a los Planes de Acción Social y los derechos del personal al servicio de lo público.

    La Secretaría General de este Ministerio indica no haber recibido aún información al respecto de la partida económica, y no espera recibirla antes del mes de enero del 2020, aunque asume la prórroga como un hecho. Por nuestra parte, la de CCOO, ya anunciamos también que ante un presupuesto prorrogado se impone obligatoriamente la prorrogación de nuestro “no acuerdo” del Plan, esto es, prorrogaremos nuevamente nuestra negativa a firmar el Plan 2020, y seguiremos denunciando en todos los foros de negociación y a través de diversas acciones sindicales la recuperación de los fondos de Acción Social. Por supuesto, en ningún caso nuestra propia prórroga condicionará la puesta en marcha y ejecución del Plan del próximo ejercicio, de igual manera que no la ha condicionado en el pasado. Muy al contrario, nuestro interés se dirige además a que el Presupuesto se distribuya lo antes posible entre el personal, que es el que genera este derecho, y que se haga bajo el respeto estricto y escrupuloso de los criterios establecidos para la Acción Social. Evidentemente se trata de un Plan mejorable y que ha de ir adaptándose a las necesidades presentes del personal al que se dirige. Pero la prórroga de un presupuesto tan deficitario ha desvirtuado por completo su objetivo, haciendo inviable cualquier iniciativa de implementación y mejora. Déficit y desvirtuamiento que delatan el interés sostenido de la Administración General del Estado por vaciar de contenido los Planes de Acción Social, a base de ahogarlos económicamente y permitir que languidezcan hasta su extinción.

    Finalmente, la Secretaría General nos informa que, si no se produce una nueva reestructuración ministerial y puede conocerse oficial y definitivamente el presupuesto en Enero, su intención es la de publicar el Plan en febrero, abrir el plazo de solicitudes entre los meses de marzo-abril, resolver en septiembre y abonar las ayudas en octubre.

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