FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 19 abril 2024.

Queja por la orden de dirección 223/19 Centro Penitenciario de Sevilla atribuyendo al personal de vigilancia interior la supervisión y control de la medicación de internos.

    11/12/2019.
    QUEJA

    QUEJA

    La sección Estatal de CCOO ha tenido conocimiento de la Orden del Director del centro penitenciario de Sevilla, dónde viene a asignar al personal de vigilancia interior funciones de control y supervisión de medicación los fines de semana y festivos.

    No es la primera vez que se dicta una orden de estas características, ya que en otro momento el director de la prisión de Albolote terminó asignando el control de pastillas a los propios internos del módulo.

    Las direcciones de los centros penitenciarios tienen que recurrir a toda esta serie de fórmulas “ilegales” porque los gestores penitenciarios no abordan el problema del reparto de la medicación durante los fines de semana y festivos y la acumulación, especialmente, de psicotrópicos por parte de los internos.

    Instituciones Penitenciarias no cubre la oferta de empleo público de médicos en prisiones por las deficientes condiciones laborales y económicas en las que les mantiene. Además tampoco cubre las vacantes anuales de personal auxiliar de enfermería, el segundo colectivo sanitario con mayor déficit estructural.

    Para CCOO las soluciones pasan por transferir la Sanidad Penitenciaria a las CCAA cumpliendo la legalidad. Mientras tanto, es urgente dotar del personal necesario los servicios sanitarios, mejorando sus condiciones laborales y restableciendo las guardias de presencia física en todos los centros penitenciarios para cubrir las 24 horas del día los 365 días, considerando las guardias sanitarias como tiempo de trabajo y no productividad.

    No podemos seguir teniendo directores que jueguen a modificar la normativa penitenciaria, vía órdenes de Dirección, para adaptarla a las necesidades penitenciarias y suplir la falta de personal, generando situaciones de claro intrusismo profesional y vulnerando los datos de salud de la población interna, especialmente protegidos por la normativa de protección de datos.

    Invertir en personal público y en condiciones laborales son las únicas soluciones que consiguen aumentar los estándares de calidad del servicio público penitenciario, y reducir las muertes en prisión, disminuyendo también el gasto público en las indemnizaciones que se pagan a los familiares. Además que esta política de personal no implica incrementos presupuestarios siempre y cuando el eje de la gestión penitenciaria no se base en aumentar los beneficios de la seguridad privada y en construir más centros penitenciarios.